Alerta en infraestructura: Gremios advierten que la reprogramación de vigencias futuras pone en riesgo los proyectos 4G y 5G

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) denuncia inconstitucionalidad y quiebre de confianza inversionista, mientras el Gobierno argumenta falta de ejecución en obras clave.

La propuesta del Gobierno Nacional de modificar el cronograma de vigencias futuras mediante un borrador de decreto ha generado una fuerte oposición de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). El gremio señaló que la iniciativa genera serias dudas sobre su constitucionalidad y legalidad, pues, a su juicio, desconoce los procedimientos ya establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, advirtió que la medida representa un alto riesgo para la viabilidad y continuidad de proyectos esenciales como los programas de infraestructura 4G y 5G.

Riesgo a la confianza y perjuicios patrimoniales

Según el presidente de la CCI, cualquier modificación presupuestal que carezca de una causal técnica o legal clara, afecta directamente al Estado, compromete la confianza inversionista y debilita los mecanismos de transparencia en las relaciones contractuales.

Caicedo enfatizó que el decreto propuesto se traduciría en un incumplimiento de facto de los contratos suscritos entre el Estado y los privados. Advirtió que esto ocasionaría perjuicios patrimoniales significativos y que los cambios introducidos en las reglas de juego son una barrera directa que desincentiva la inversión futura en el país.

La justificación del Gobierno

En contraste, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió la necesidad de reprogramar las vigencias futuras. La funcionaria aludió a que varios proyectos se encuentran sin la ejecución esperada, poniendo como ejemplo el caso de la obra Mulaló–Loboguerrero, para justificar la urgencia de reestructurar los compromisos presupuestales.

A pesar de la justificación oficial, la CCI insiste en que la modificación unilateral compromete la estabilidad jurídica y la credibilidad de Colombia como un socio confiable en el desarrollo de grandes obras de infraestructura.