Procuraduría emite alerta al SENA por riesgos en millonario contrato de vigilancia

La entidad de control advirtió posibles fallas en la etapa precontractual que podrían comprometer la transparencia y la prestación del servicio de seguridad en las sedes de la institución.

La Procuraduría General de la Nación ha puesto la lupa sobre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tras detectar riesgos críticos en el proceso de licitación para la contratación de sus servicios de vigilancia privada a nivel nacional.

A través de una comunicación oficial dirigida al director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, el Ministerio Público señaló su preocupación por las condiciones exigidas en el pliego de condiciones del millonario contrato. Según el ente de control, algunos requisitos podrían estar limitando la libre concurrencia de oferentes, lo que pondría en riesgo la selección de la mejor propuesta en términos de calidad y costo.

Los puntos clave de la alerta:

1. Restricciones a la competencia: Se habrían identificado criterios técnicos y financieros que solo unos pocos proponentes podrían cumplir, reduciendo la pluralidad de ofertas.

2. Riesgo de continuidad: La Procuraduría advirtió que cualquier retraso o nulidad en este proceso afectaría directamente la protección de los bienes y, lo más importante, la integridad de los aprendices y funcionarios en todo el país.

3. Llamado a la transparencia: El organismo instó a la dirección del SENA a revisar los pliegos y ajustar los cronogramas para garantizar que la adjudicación se realice bajo los principios de legalidad y eficiencia.

   
   

Por su parte, el SENA ha manifestado que revisará las observaciones para asegurar que el proceso cumpla con todos los estándares legales. Esta situación se presenta en un momento donde la seguridad privada en las entidades públicas está bajo el escrutinio ciudadano debido a los altos montos de inversión que representan para el erario.

La Procuraduría aseguró que continuará con el seguimiento preventivo a este proceso para evitar posibles procesos disciplinarios futuros y asegurar que los recursos de los colombianos sean ejecutados de manera óptima.